Resumen en español

La Alimentación es un derecho humano. Ciento ochenta y cinco naciones firmaron la declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria en 1996. Entre 2001 y 2009 trece estados latinoamericanos formularon políticas públicas de seguridad y/o soberanía Alimentaria, para cumplir con la meta 1C de los objetivos de Desarrollo del Milenio (Reducir el hambre a la mitad en 2015). En 2016 ochocientos millones de personas no tuvieron ni para comer, el 70% de ellos campesinos del tercer mundo. En 2018 Colombia se abstuvo de votar la declaración mundial sobre los derechos del campesinado, en 2017 el DANE no contó el campesinado como categoría de reconocimiento, ni preguntòo por el ayuno en los hogares (como lo hizo en 2005), expresando la falta de atención estatal a esta población vulnerable en un país con siete millones de víctimas de desplazamiento forzado. Entre 2005 y 2015 la Inseguridad Alimentaria Rural en Colombia aumentó al 64% de los hogares rurales, con el 15% de sus adolescentes en desnutrición crónica. Frente a esta realidad surgió la pregunta: ¿el campesinado es una población atendida en la política pública de seguridad alimentaria? A nivel mundial la forma de atención más común a la población que sufre hambre es la entrega de alimentos. Para responder la pregunta se entrevistó cuarenta y dos funcionarios públicos de 10 municipios con mayoría de población urbana y rural del norte del Valle del Cauca, para identificar los beneficiarios y modalidades de entrega de alimentos entre 2012-2015, que corresponde al periodo de autoridades locales tras la expedición del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (2012) y la primera que debió incorporar en la formulación de su plan de desarrollo la Política Pública de Seguridad Alimentaria