Resumen en español

El lunes 26 de Septiembre de 1994, el gobiemo colombiano recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington la siguiente notificación: "El Estado Colombiano es hallado responsable de la muerte de 107 campesinos y un sacerdote en hechos ocurridos a finales de marzo y comienzos de abril de 1990, en el municipio de Trujillo en el Valle del Cauca". (C.I.D.H. 1994) El gobiem de Ernesto Samper, recientemente posesionado, trató de impedir Que este caso pasara a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente se emitiría un veredicto condenatorio que enfrentaría al país, tanto a multimillonarias indemnízaciones como a fuertes sanciones económicas y se compromete por lo tanto a reabrir la investigación creando una "Comisión de la Verdad" integrada por 19 entidades entre estatales, gubernamentales y no gubernamentales. El 31 de enero de 1995 esta comisión hace entrega de su informe, nuevamente condenatorio, al presidente Samper, quién al conocerlo expresó en un discurso ' ... Acepto como presidente de Colombia la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991 ... " (Samper, 1995). Estos hechos violentos conocidos como "la masacre de Trujillo corresponden a una serie de crímenes que se evidencian como programa sistemático en 1988, alcanzando su punto más intenso y brutal en marzo y abril de 1990.