Resumen

Para las entidades territoriales, es fundamental ejecutar de manera eficaz el recaudo de fondos debido a la transformación que ha experimentado la economía global, para esto, ha sido provista por la Constitución Política de Colombia de 1991, con la autonomía para recaudar ingresos mediante los impuestos municipales, estos se dividen en impuestos directos e indirectos, además de ingresos no tributarios. Los impuestos directos gravan bienes, mientras que los impuestos indirectos se aplican a actividades económicas. Dentro de los impuestos municipales, el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es crucial para las finanzas locales y se genera a partir de actividades comerciales, industriales o de servicios, según las reformas tributarias de 1983 y 2016. La Ley 1819 de 2016 con base en la ley 14 de 1983 determinó que el ICA se genera por la realización actividades industriales, comerciales y de servicios dentro de una jurisdicción municipal, y los ingresos recaudados se destinan al bienestar local. El municipio de Florida, Valle del Cauca, tiene una economía que se encuentra en expansión en los sectores industrial y comercial, sin embargo, entre 2016 y 2023, Florida ha enfrentado 79 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, por la incertidumbre que rodea la interpretación legal del lugar donde se realizan las actividades comerciales, lo que afecta negativamente la recaudación del ICA en el municipio. La investigación fue del tipo descriptiva, y utilizó un enfoque cuali-cuantitativo, y una metodología hermenéutica, bajo un análisis de la normativa vigente y datos obtenidos mediante encuestas y revisión documental; con la comparación de los períodos gravables 2012-2017 y 2018-2023 para evaluar el impacto de la Ley 1819 (2016) en la recaudación del ICA en Florida. Las conclusiones principales indican que la ambigüedad de la Ley 1819 (2016) sobre la jurisdicción del impuesto ha provocado disputas legales y afectado la recaudación en Florida. Aunque el recaudo del ICA ha aumentado, su impacto en las finanzas municipales ha sido limitado debido a las demandas legales que suelen favorecer a las empresas. La administración municipal enfrenta desafíos en la fiscalización y el cobro del ICA, lo que subraya la necesidad de estrategias intermunicipales y una legislación más clara para garantizar un sistema tributario eficiente y equitativo, promoviendo así el desarrollo económico sostenible.