Resumen en español

La Constitución Nacional consagró el Estado Social de Derecho con específicos deberes sociales. Determinó también, la obligación presupuestal de priorizar el Gasto Público Social sobre cualquier otra asignación de gasto y la expresa prohibición de no disminuirlo porcentualmente con relación al año anterior respecto al gasto total. En desarrollo del mandato Constitucional, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/06, Art. 41) le impuso al Estado el deber de "Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia sus derechos". Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución Nacional son considerados fundamentales, esto significa que son el mínimo vital que el Estado está obligado a garantizar. Así mismo son considerados prevalentes, lo que significa que deben ser la prioridad de todos los gobernantes, de las familias y de la sociedad en su conjunto. En este contexto, UNICEF que tiene la misión de coadyuvar en la promoción, garantía y restablecimiento de los derechos de la infancia y adolescencia a través de fortalecer la capacidad del país en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de niñez y adolescencia y en fortalecer las capacidades y oportunidades de las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio de sus derechos; ha promovido la formalización de una alianza estratégica entre la Universidad del Valle, la Fundación Propal y UNICEF en el marco del convenio vigente con esta última, con el propósito de fortalecer las capacidades y aportar la generación de conocimiento que sea útil para el municipio de Santander de Quilichao.