La población con discapacidad experimenta dificultades para participar en el mercado laboral, al tener mayores posibilidades de estar desempleadas y recibir menores ingresos que el resto de la población representando una problemática de exclusión social en tanto los índices de desempleo son elevados y como consecuencia, presentan limitaciones para acceder con recursos propios a servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, etc., representando por un lado, pérdidas económicas al no contribuir al crecimiento económico de la sociedad y un coste elevado para el Estado al canalizar prestaciones económicas para subsidiar servicios básicos para su atención. Por otro lado, también representa la desigualdad, pues a diferencia del resto de la población, el ejercicio de sus derechos como ciudadanos y el desarrollo personal no se hace efectivo, teniendo en cuenta el valor social y el significado que tiene el trabajo para las personas, principalmente en la etapa adulta, pues proporciona además del poder adquisitivo, identidad, capacidad de desarrollo, autonomía personal e independencia, por tanto, un estatus de reconocimiento positivo en la sociedad, lo cual media la interacción y la participación.